“Vamos a regular la actividad de los lobbies en sus relaciones con la Administración”

Desde que asumió el cargo como secretaria de Estado de Función Pública, uno de los principales objetivos ha sido la apuesta por un empleo público estable y de calidad ¿Qué actuaciones destacaría para conseguir este objetivo?

La principal línea de actuación emprendida es combatir la temporalidad y la precariedad en el empleo público, para lo cual se han aprobado distintas normas sobre las que sustentar un nuevo modelo de relaciones laborales más justo, digno y eficaz. Para ello, se están impulsando los procesos de estabilización del personal temporal en todas las Administraciones Públicas, promoviendo las correspondientes convocatorias para reducir la alta tasa de temporalidad en nuestro país y estabilizar al menos 300.000 puestos de trabajo a 31 de diciembre de 2024. Y ya podemos aportar dos datos reveladores: hasta el momento se han aprobado Ofertas de Empleo Público de estabilización en las diferentes Administraciones Públicas, que incluyen un total de 372.612 plazas, cumpliendo así con el compromiso adquirido con la Comisión Europea de incluir en OEP, antes del 1 de julio de 2022, al menos, 300.000 plazas, concretamente superado en un 24,2%. Por otra parte, la nueva Ley de Presupuestos Generales del Estado generaliza la contratación indefinida para el personal laboral en las Administraciones Públicas, de forma que únicamente pueda acudirse a las formas de contratación temporal de manera extraordinaria, en línea con el cambio de paradigma en las relaciones laborales operado por las citadas normas.

Una de las prioridades de la Secretaría de Estado consiste en promover la igualdad de oportunidades en el empleo público, ¿qué actuaciones se están desarrollando a este respecto?

Resulta fundamental promover la igualdad real y efectiva en el acceso al empleo público, eliminando las barreras de cualquier índole, desde el convencimiento de que la administración debe ser un fiel reflejo de la sociedad. Porque si esto es así, las decisiones que se tomen serán, sin duda, mejores. A nosotros nos gusta utilizar el término democratizar el acceso al empleo público. Por eso, entre las actuaciones que hemos puesto en marcha destacamos, en primer lugar, la elaboración y difusión por el BOE de manera pública y gratuita normativa de apoyo a la preparación de oposiciones para el ingreso a determinados cuerpos. Hasta la fecha se han difundido los códigos normativos correspondientes a los cuerpos y escalas adscritos a esta Secretaría de Estado de Función Pública, la Escala de funcionarios de Administración Local de habilitación nacional y los Cuerpos de Instituciones Penitenciarias. Si bien se trata de un proyecto que se va a seguir impulsando para extenderlo a otros cuerpos. En este momento, estamos trabajando en el ámbito de la Justicia: jueces, fiscales, abogados del Estado y letrados de la Administración de Justicia. Además, se ha avanzado en la descentralización de los procesos selectivos permitiendo que las personas aspirantes se examinen en su territorio para evitar desplazamientos. Hay también interesantes iniciativas de ayudas económicas para la preparación de oposiciones. Hemos dado pasos muy importantes y seguiremos avanzado en esta línea.

Tal como señaló en su última comparecencia ante el Senado, uno de los grandes retos en materia de función pública consiste en atraer a las nuevas generaciones al empleo público, ¿qué medidas tiene previsto desarrollar para conseguir este objetivo?

Estamos ejecutando el Plan de Captación de talento en la AGE, con el que se pretende atraer el talento de forma que se consiga una Administración más moderna, ágil, dinámica, igualitaria e inclusiva. Entre las medidas incluidas en el Plan cabe destacar la celebración de jornadas divulgativas de captación de talento en universidades, colegios profesionales y centros de formación profesional; la participación en ferias de empleo, el fortalecimiento de alianzas con las Universidades para conseguir una mayor difusión de las ofertas de empleo público y el lanzamiento de una potente campaña de comunicación y difusión que pone en valor el servicio público. Campaña que además está financiada con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Una de las medidas más importantes del Plan ha sido la de Repensar la selección, que dio lugar a un amplio debate reflexivo en torno al acceso al empleo público y que se plasmó en el documento de ‘Orientaciones para el cambio en materia de selección’, que establece proyectos para modernizar los procesos selectivos en la Administración General del Estado. En este contexto, debemos citar la última oferta pública de empleo 2022, una oferta sin precedentes por el número de plazas convocadas 44.787, que incorpora medidas explícitas para agilizar los procesos selectivos, avanzar en la profesionalización de los órganos de selección y democratizar el acceso en el empleo público.

Otro de los objetivos de su departamento es impulsar la digitalización de los servicios públicos, ¿Cómo plantea llevarlo a cabo sin dejar atrás a las poblaciones con mayores dificultades digitales?

En efecto, y en línea con los compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la digitalización es una oportunidad para mejorar la eficacia y eficiencia de las Administraciones Públicas, siempre garantizando los servicios presenciales para evitar brechas digitales a la ciudadanía. En este sentido, la digitalización y prestación telemática de los servicios públicos, deberá tener en cuenta la garantía de la atención directa, presencial y personal en la administración, en especial a la población con más dificultades digitales. Ese es nuestro objetivo. Además, para que este proceso de digitalización se lleve a cabo sin dejar a nadie atrás, vamos a impulsar un Plan de atención integral para las personas mayores con el fin de facilitarles el acceso a los servicios administrativos, así como la realización de trámites electrónicos.

¿En qué consistiría este plan de atención integral?

Contemplará medidas dirigidas a asegurar la asistencia telefónica mejorando el servicio telefónico del 060 y ampliando prestaciones por videollamada, así como elaborar materiales formativos en el uso de la administración electrónica específicamente destinados a orientar a las personas de 65 años en el uso de los servicios públicos digitales. Es necesario avanzar en la simplificación y reducción de cargas en los procesos de digitalización sobre todo en aquellos más demandados por las personas mayores.

Recientemente se ha firmado con las organizaciones sindicales un Acuerdo para una Administración del siglo XXI, ¿qué destacaría de este acuerdo y en qué medida va a contribuir a impulsar el cambio y la transformación de la Administración Pública?

Va a contribuir, sin duda alguna, a impulsar la transformación de la Administración desde el diálogo social, con el que se pretende poner en valor al personal de las distintas Administraciones Públicas, acometer la recuperación de los derechos que fueron recortados en 2012 y potenciar los elementos esenciales que deben conformar una Administración para el siglo XXI, para garantizar en el presente y en el futuro una prestación de los servicios públicos de la más alta calidad. Dicho Acuerdo contempla una mejora retributiva del personal al servicio de las administraciones públicas y de su sector público institucional con un horizonte temporal a tres años. Se trata de un incremento responsable para paliar desde este mismo año los esfuerzos realizados por las empleadas y empleados públicos ante la situación económica generada tras la pandemia, que se ha visto agravada por el estallido de la invasión de Ucrania, una de cuyas consecuencias más graves ha sido un aumento significativo del coste de la vida.

¿Qué objetivos se ha marcado su departamento para la construcción de una Administración más abierta?

Nuestra actuación se basa en el compromiso de promover de forma continua los valores de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en línea con los objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Precisamente, este compromiso se materializó con la aprobación el IV plan de Gobierno Abierto 2020-2024 que contiene más de 100 iniciativas promovidas por todas las administraciones públicas junto a las asociaciones de la sociedad civil y que, sin duda alguna representa una muestra de vitalidad de la comunidad de gobierno abierto en nuestro país. Uno de los grandes objetivos que nos hemos marcado consiste en la aprobación del Anteproyecto de Ley de Transparencia y de Integridad de los Grupos de Interés con el que se pretende regular la actividad de estos grupos, los lobbies, en sus relaciones con la Administración General del Estado y su sector público. El proyecto clarifica cómo se deberán producir las relaciones entre quienes buscan ejercer una legítima actividad de influencia y aquellos altos cargos, directivos o empleados públicos implicados en la toma de decisiones y en los procesos de elaboración de disposiciones normativas y políticas públicas. También estamos trabajando en un Plan de mejora de la participación, cuyos desarrollos más prometedores son la creación de un laboratorio digital para la participación ciudadana en las políticas públicas (Hazlab) y la reforma del marco regulatorio de la transparencia, para lo cual se ha constituido un grupo cuyos trabajos se encuentran disponibles en el Portal de la Transparencia.

Próximamente verá la luz la Ley para la Institucionalización de Evaluación de las Políticas Públicas, ¿Puede adelantarnos las grandes líneas de esta ley y cuáles son sus principales elementos novedosos?

Esta ley incorpora importantes elementos innovadores como son el diseño de un sistema de indicadores comunes de evaluación para la Administración General del Estado y se prevén nuevos instrumentos para la evaluación como pueden ser el Plan de evaluaciones estratégicas del Gobierno y los planes de evaluación de cada uno de los ministerios. El objetivo final que pretendemos conseguir con estos elementos es que los resultados de las evaluaciones se utilicen para mejorar las políticas públicas. Una de las novedades más importantes es la creación de una Agencia Estatal, que nos va a permitir ganar en calidad democrática y en rendición de cuentas a la ciudadanía. La puesta en marcha de esta Agencia, supone la recuperación de un organismo que creemos que es esencial, como es la antigua AEVAL. En definitiva, con la aprobación de esta norma, abordamos de forma decidida la evaluación de las políticas públicas, como herramienta para planificar y medir el impacto final que tienen las decisiones públicas, sobre la base de que “lo que no se mide, no se puede mejorar”.

El Plan MUFACE Avanza 2021-2023 incide en aspectos de visibilidad y la presencia del organismo ha sido creciente en redes sociales y en otros ámbitos en 2020 y 2021 debido a la pandemia. ¿Qué destacaría de la gestión de la Mutualidad?

En primer lugar, quiero agradecer a todo el personal del MUFACE la labor que han desempeñado para garantizar laatención a los mutualistascon las mayores garantías y velando porque laasistencia sanitaria y asistencialno se viera en ningún momento mermada como consecuencia de la situación generada por el COVID-19. Entrando en su pregunta, destaco el importante concierto de Asistencia sanitaria para 2022-2024 que firmamos en diciembre del año pasado con Asisa, Adeslas y DKV, con una cuantía global de 3.571 millones de euros. Esta importante cifra certifica la suficiencia presupuestaria del sistema, la recuperación de los niveles de calidadque demanda el colectivo mutualista y la incorporación de los nuevos servicios con que el Gobierno está completando la cartera común del sistema de salud, como las prestaciones para víctimas de violencia de género y la reproducción asistida a mujeres sin pareja, lesbianas y bisexuales así como a personas trans con capacidad de gestar. Además, el concierto prevé las nuevas tecnologías para la asistencia sanitaria de los mutualistas mediante el uso de la telemedicina que permite la consulta telefónica las 24 horas de los 7 días de la semana y las consultas a través de aplicaciones móviles y videollamadas. Otro de los grandes hitos en la gestión de MUFACE consiste en la implantación de la receta electrónica, que sin duda alguna supone un gran beneficio para todas las personas mutualistas, y que se está desarrollando satisfactoriamente gracias a un Plan completo de alianzas con actores públicos y privados. En estos momentos, la receta electrónica del colectivo acogido a la opción publica se encuentra activa en todas las Comunidades Autónomas, por lo que ya se benefician de ella cerca de 400.000 personas y la receta electrónica concertada ya es un hecho en Asturias, Canarias y Cantabria. Por otro lado, MUFACE está avanzado decididamente hacia un nuevo modelo de gestión de procedimientos mucho más ágil a través de instrumentos como las Oficinas de Tramitación Electrónica (OTE) y las Unidades Polivalentes (UNIPOL). En enero de este año se puso en marcha la primera OTE en Vigo, dedicada a la gestión de prestaciones dentarias y oculares solicitadas electrónicamente, con muy buenos resultados en cuanto a gestión de expedientes y reducción de plazos de tramitación de expedientes. Y actualmente se está desarrollando un proyecto piloto con el objetivo de constituir la primera UNIPOL en el primer semestre del año 2023.

Por último, con su experiencia como directiva y empleada pública, ¿cuáles serían desde su opinión los principales retos de las administraciones públicas?

Las administraciones públicas tienen varios retos por delante en los próximos años. Uno de ellos es el de promover un auténtico cambio cultural en la Administración que sea la base sobre la que construir una administración moderna y avanzada. Para ello, bajo mi punto de vista, resulta imprescindible implantar una adecuada planificación estratégica de los recursos humanos. Tenemos que ser capaces de pasar de una cultura de gestión de relaciones de puestos de trabajo a un sistema de gestión de personas, que se adelante a las necesidades de la sociedad en el largo plazo y que nos permita prever dónde podemos tener excedentes o déficits de personal y a su vez, disponer de las herramientas necesarias para dar una repuesta ágil y eficaz a esas demandas.

Además, en un momento como el actual en el que la sociedad avanza a un ritmo vertiginoso, la administración tiene que recuperar el liderazgo en la puesta en marcha de políticas innovadoras para la ciudadanía como se ha demostrado con el Plan de medidas de ahorro y eficiencia energética en la Administración del Estado, muchas de cuyas medidas están sirviendo de ejemplo para el sector privado. Y en todo este proceso, no hemos de olvidar la pieza fundamental de toda administración pública que son las personas, nuestras empleadas y empleados públicos, cuya continua y constante formación y capacitación permitirá estar a la altura de este proceso de cambio.